Los derechos humanos siguen siendo un tema de gran polémica en México. Quienes los atacan argumentan que lo único para lo que han servido es para proteger a los delincuentes dejando descuidadas a las víctimas de los abusos de autoridad. Se trata de dos quejas que nos parecen completamente válidas, pero que no por ello implican que se abandone su ejercicio. Sin duda parte del trabajo de civilizar una sociedad radica en que haya respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos por parte del Estado. Sin duda alguna, que las Comisiones de Derechos Humanos deben estar abocados a la protección del ciudadano y sus derechos y en caso necesario, debe de trabajar para que se restituya el daño sufrido por un ejercicio abusivo e impune del poder. Pero también deben de trabajar en el sentido de evitar que el delincuente sufra abusos, vejaciones, humillaciones, degradaciones por parte de la autoridad. Si lo que realmente se quiere es reintegrar al delincuente a la sociedad, si se quiere readaptarlo a la misma, esto no va a suceder si se excede la autoridad en el uso de sus atribuciones legales. Tal abuso no hará, como no la ha hecho nunca, sino de exaservar el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, el afán de desquite. Tratar bien a un delincuente no significa pues ser permisivo con él, no significa tampoco que la ley no se aplicará de la manera debida, sino que se le dará un trato adecuado a su dignidad como ser humano en su procesamiento legal. No se puede hacer justicia cometiendo injusticias y no se puede reformar a un delincuente culpable abusando de él, sometiéndolo a malos tratos, si lo que se intenta es reintegrarlo a la sociedad.
Así que lo que hay que hacer es acabar con esa política bipolar de la autoridad que, o se vuelve en exceso permisiva y complaciente, o que aplica la ley de manera igualmente excesiva y a veces brutal, en contra de un supuesto culpable. Ni lo uno ni lo otro.
De igual manera, se debe defender el derecho de la víctima a recibir un buen trato por parte de la autoridad, un servicio eficiente, pero sobre todo una restittución del daño sufrido en la medida de lo posible. La víctima no tiene por qué acabar siendo objeto de abusos de la autoridad, especialmente la negligencia y la irresponsabilidad en la aplicación de la ley, así como la corrupción que impide se haga justicia.
Las Comisiones de Derechos Humanos deben pues trabajar en ambos sentidos, protegiendo tanto a víctimas como a delincuentes de los abusos de autoridad, en cualquiera de los sentidos señalados.
Y valga decir aquí, que hay que trabajar arduamente en la transformación de la cultura de la legalidad y la justicia, en la ciudadanía, que muchas veces confunde justicia con venganza, o cree que el hecho de cometer un ilícito convierte al delincuente en una especie de ser subhumano, y por lo tanto, en aras de la justicia se le puede ultrajar, denigrar, agredir. Tres líneas de trabajo igualmente importantes.
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