La aparición de cuerpos policíacos ciudadanos en por lo menos 4 estados (Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Michoacan) del país ha desatado una gran polémica en la clase política y en la opinión pública. No es para menos ya que la aparición de dichas "guardias" obedece al vacío de poder del gobierno en sus tres instancias, federal, estatal y municipal, sencillamente, los cuerpos de seguridad pública o son insuficientes, o de plano, están ausentes por completo y en el peor de los escenarios, están coludidas con la delincuencia organizada. También se debe a la creciente inseguridad percibida por los ciudadanos de manera directa, en su vida cotidiana. Así que ahora, las preguntas que todo mundo se hace, es si tales guardias deben o no existir, si se les debe o no regular y controlar, y hasta donde deben llegar sus atribuciones. Lo que queda fuera de duda es que su aparición obedece al ejercicio de un derecho legítimo de la ciudadanía para proteger a sus personas, familias, amistades, negocios, hogares, barrios y propiedades en general, en ausencia parcial o total de las fuerzas del Estado para protegerla, o su posible corrupción y contubernio con la delincuencia. Se trata de una reacción ciudadana defensiva sobre la que hay que legislar a la brevedad posible, pero no al vapor.
Legislar para que queden claras sus atribuciones y límites de acción y no se excedan en perjuicio de la propia ciudadanía que las creo. Lo que no se puede ni se debe, es dejar a la ciudadanía indefensa y vulnerable ante la delincuencia común u organizada, cuando el Estado es incapaz de proteger debidamente a la población civil, que por mucho es quien ha pagado el precio más alto de esa "guerra" insensata declarada por el expresidente Felipe Calderón. La existencia de dichos cuerpos civiles debe ser pasajera, sólo durante el tiempo en que la paz y el orden público sea reestablecido y la fuerza policíaca se haga de nuevo cargo eficazmente de la seguridad pública. Lo que significa también el retorno de las fuerzas armadas a sus cuarteles. La existencia de las guardias debe ser temporal, no permanente, y debe estar bajo la supervisión estatal. Pero por lo pronto no se debe prohibir su existencia, pues dadas las circunstancias, tales cuerpos existirían en la clandestinidad, lo que dificultaría su control a largo plazo y su disolución en el momento necesario. Es mejor coordinar esfuerzos que obstaculizar la labor de quienes protegerse a sí mismos, sus familias, propiedades, empresas o empleos.
Hay que apoyar toda forma legítima de la ciudadanía para protegerse del narcotráfico, la delincuencia organizada, los traficantes de armas, tratantes de blancas y delincuentes comúnes.
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