Radio y televisión públicas y democracia

 A propósito de lo que comentabamos en la aprticipación anterior, sobre la televisión pública del Paraguay, en México ya se cuenta con los canales del Congreso, el Poder Judicial y próximamente con el canal del Gobierno de la Ciudad de México (Distrito Federal). Además algunos de los estados de la República cuantan con sus propios sistemas de radio y televisión como son los estados de México y Veracruz, etre otros. El problema es que los primeros tres mencionados sólo transmiten su señal por los sitemas de cable, (que en su mayoría pertenecen a la empresa Televisa), lo que imposibilita que la señal llegue a todos los mexicanos. Y tratandose de canáles de carácter público cuya preogramación se refiere a problemas de carácter colectivo y nacional, es, por decir lo menos, una contradicción, respecto a las libertades de expresión y difusión a las que se corresponde necesariamente una libertad igualmente trascendental, como es la libertad de escuchar y ver, lo que los medios masivos de comunicación transmiten, especialmente los de carácter público. Las libertades de expresión y de difusión de poco sirven si no hay esa correspondencia con la libertad del ciudadano de poder tener acceso irrestricto a los contenidos de los medios. Curiosamente esta última libertad poco se menciona y discute.  Esa es la importancia de la radio y televisión abiertas. Y la importancia de facilitar a la gente el acceso a los aparatos recepetores a precios lo más bajos posibles. En una sociedad que se pretende democrática el acceso a los medios públicos y privados de comunicación es un requisito indispensable. La democracia seriamente considerada como opción de vida social, económica y política,  no se puede construir con ignorancia, es decir, con falta de educación e información. Así que la escuela y los medios de comunicación son herramientas básicas que la sociedad se da a sí misma para ser democrática y para renovar y mejorar esa democracia constantemente. En consecuencia, tanto el poder legislativo como el judicial deben de llevara cabo los trámites necesarios para que su señal sea abierta y en cadena nacional. Es salgo a lo que el poder ejecutivo no puede ni debe negarse; éste no debe tener al respecto poder alguno de restricción a ninguno de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal, ya que lo que está en juego es la vida democrática de la nación, el nterés público (social), el bienestar colectivo, no los intereses particulares y unilaterales de empresas privadas con fines de lucro.