Amparo a Florence Cassez

El amparo concedido a Florence Cassez por la Sprema Corte de Justicia de la Nación, que dió lugar a su inmediata liberación, ha convulsionado a la opinión pública mexicana, y no es para menos. El sistema de justicia mexicano quedó en entredicho. No es que casos como el de la francesa Florence Cassez, no se hubieran dado antes, de hecho son mucho más frecuentes que lo que uno desearía, pero en la ya popularmente llamada docena trágica, esto se volvió aun más frecuente. La violación de los derechos humanos no ha sido sólamente en contra de la ciudadana francesa, sino también para los agraviados, que hoy más que nunca exigen justicia. El  Estado mexicano ha violado impune e irresponsablemente los derechos de una y otros, al no aplicar con rectitud la ley, tanto el derecho penal, como el derecho procesal. La impericia, la falta de oficio, la influencia política y hasta la mala fe, parecen haber ensuciado todo el procedimiento judicial en contra de la señora Cassez, a tal grado que no hubo sino concedele el amparo y permitirle salir del país. No es que se haya comprobado la inocencia de la señora, es que es de tal magnitud la corrupción y la ienptitud que rodeó el caso, que se volvió imposible dilucidar su inocencia y culpabilidad. La farsa armada por y para las televisoras, la incapacidad para armar un expediente consistente y sólido, la sospechosa salida de la seora Cassez del país, sospechosa por la rapidez con que sucedió, hablan de que hasta el día de ayer todo el procedimiento judicial estaba enlodado y putrefacto. Hoy los mexicanos tinen todo el derecho a dudar de la capacidad y la honradez de las autoridades judiciales, así como tienen todo el derecho a criticar y exigir explicciones y la acción d la justicia, verdadera justicia, pero ¿quién la ejercerá? Esa es la pregunta que millones de mexicanos nos hacemos. Hoy es urgente e ineludible que el gobierno de Peña Nieto actúe para limpira la cloaca del sistema jurídico naional si no quiere verse manchado por la suciedad que el caso Cassez ha generado. El gobierno tiene la obligación de llamara a juicio a todos los involucrados en el caso,  incluído Felipe Calderón Hinojosa. Calderón y sus compinches tiene mucho que aclarar respecto a este caso y seguramente muchos más. A Enrique Peña Nieto no le debe temblar la mano para llamar a cuentas y en su caso fincar responsabilidades alos funcionarios del sexenio pasao involuctados en este affair. Gran parted e su crdibilidad como presidente está en juego, no se puede dar carpetazo al asunto y dejar todo a ese gran sostenedor del sistema político mexicano que es el olvido.