Hablabamos e nuestra participación anterior del legalismo que prevalece en México. Ahora nos referiremos a uno de sus peores aspectos, la aplicación diferenciada de la ley, según de quien se trata.
No es novedad decir que la ley tiende siempre a favorecer a los ricos y poderosos y a desfavorecer a los pobres y a todo aquél que carece de los recursos para contratar un "buen" abogado y "aceitar" la pesada maquinaria burocrática del poder judicial. Esta situación ha hecho que la mayoría de la población vea con malos ojos al aparato judicial y desconfíe de que éste haga realmente justicia. Lo que ha generado en mucha gente la idea de hacerse justicia por propia mano. Esto, por supuesto, no es bueno para la sociedad en general ni para nadie. Sin embargo hasta ahora no se ha hecho mucho esfuerzo para modificar al sistema judicial y, los pocos esfuerzos en ese sentido, se han encontrado con fuertes resistencias de parte de la burocracia judicial, profundamente conservador y reaccionario. Así que una tarea que aun sigue siendo una materia pendiente de atender es reformar a fondo el sistema de justicia mexicano, de manera que quienes se vean en la necesidad de acudir a él, encuentren no sólo un trato amable y una atención adecuada a sus problemas, sino una solución pronta y justa a los mismos. En este sentido la ley y quienes la ejercen, no deben hacer acepción alguna; clase social, raza, género, lugar de orígen, idioma, etc. no deben ser motivos de discriminación alguna. La igualdad ante la ley sigue siendo un grave problema en nuestro país que la ciudadanía sufre día con día. Y eso no aceptable. No puede haber un orden social aceptable, ni democtracia ni libertad, si la ley, cuando se aplica se hace diferencidamente en beneficio de unos y detrimento de otros, y cuando a la ley se le concibe sólo con un carácter punitivo y no como guía reguladora del comportamiento individual y colectivo y la convivencia para beneficio de los miembros de la sociedad.
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