Política y legislación de los medios de comunicación social

La Propuesta Programática 2012, presentada por Cuauhtémoc Cárdenas el pasado 7 de febrero del 2012, en presencia del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, en el marco el proyecto "Un México para Todos", propone en relación a la política de comunicación, "reformar la legislación en materia de medios de comunicación electrónicos para garantizar presencia equitativa al Estado, la sociedad y la iniciativa privada en el espectro comunicacional."  La propuesta nos parece más que pertinente. En México, se ha favorecido desporporcionadamente a la iniciativa privada desde el gobierno de Miguel Alemán hasta nuestros días, dejando de lado la posibilidad de que existan medios de Estado y menos aún, medios en manos de la sociedad civil. De hecho el Estado mexicano ha carecido de una política de Estado en la materia, limitándose a establecer una serie de normatividades, que por cierto nadie respeta, y a otorgar las concesiones  a aquellos particulares que las soliciten, siempre y cuando estos pertenezcan al cerrado circulo de empresarios del ramo. Motivo por el cual, hace falta el establecimiento de una política de Estado que, por un lado sea el fundamento para la consolidación de una red de medios de Estado, por otro regule de manera adecuada a los particulares (empresarios) evitando abusos y prácticas monopólicas y hegemónicas de parte de los mismos, y que en tercer lugar establezca los criterios y abra las posibilidades para la existencia de medios de comunicación públicos, en manos de la sociedad civil, en la que la ciudadanía pueda encontrar los espacios adecuados para la expresión de sus reflexiones críticas, sus propuestas, sus demandas sociales. Establecer tal política de Estado, que incluya a los tres sectores, Estado, sociedad civil y empresariado, será un avance sustantivo en el camino de la democracia que requiere una sociedad plural y múltiple como la nuestra. La sociedad civil ha sido la gran ausente en el ámbito de los medios  masivos de comunicación. Y darle a la misma los espacios y posibilidades para expresarse no es una concesión gratuita o una dádiva generosa, sino el reconocimiento de un derecho legítimo que le pertenece, máxime si se pretende construir y consolidar una sociedad democrática y libre efectiva, no una simulación como la que hoy vivimos en el espacio social mexicano. La sociedad civil en toda su pluralidad y riqueza requiere de una diversidad de medios y opciones para su expresión.  Hay que legislar sobre los medios de comunicación   teniendo en mente la pluralidad de nuestra sociedad y el equilibrio necesario entre medios de Estado, privados y sociales (públicos).

Compra de TELEVISA del 50% de IUSACELL

Una de las decisiones más significativas de la actual administración pública federal será tomada este 27 de febrero, cuando la Comisión Federal de Competencia decida si autoriza la compra por parte de TELEVISA del 50% de la compañía telefónica celular, IUSACELL hoy propiedad exclusiva de AZTECA de Ricardo Salinas Pliego. Es una decisión que trasciende lo meramente económico y también este sexenio. De autorizarse la compra, se consolidará el duopolio que conforman TELEVISA y AZTECA. Además de consolidar el poder de ambas empresas en el ámbito de telecomunicaciones, también se potencializa su poder fáctico en el capo político.  Su poder de influencia sobre el ejecutivo, los legisladores y el poder judicial los colocaría como virtuales gobernantes de este país, quedando los tres poderes subordinados a los caprichos y deseos de Azcárrga Jean y Salinas Pliego. Sería pues un muy duro golpe a la democracia popular y representativa que se trató de construir con muchas dificultades desde el momento de la independencia de este país. En el ámbito de las telecomunicaciones también sería un golpe mortal a los principios de libre concurrencia y competencia que se dice defender aunque sólo sea de dientes para afuera. Pues aun aunque se autorizaran una o dos nuevas cadenas nacionales, éstas quedarían en una situación de inferioridad respecto al duopolio. La competencia, si se puede hablar de ella, sería a todas luces desleal. Así que por donde se le vea, un fallo a favor de la compra del 50% de IUSACELL por parte de  TELEVISA, que vincularía estrechamente a ambas empresas es un verdadero atentado contra las libertades económicas y políticas, que afectaría negativamente a la sociedad en su conjunto. El gobierno quedaría de rodillas ante esas dos grandes empresas y más que nunca se cumpliría lo dicho por Marx hace más de 100 años, estaríamos ante un gobierno subordinado al interés burgués, no al de la sociedad en su conjunto.